“Los pilares de la violencia de género son la familia, la Iglesia y el miedo. Los cuerpos ni siquiera pertenecen a las mujeres: son considerados propiedad de los hombres, al igual que las calles de Honduras”.
Así expone Julissa la realidad de su país ante la clase de Género y Comunicación del grado de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Viste una chaqueta vaquera abierta que deja entrever una camiseta lila y de manga corta con el lema “Yo no quiero ser violada”, nombre de la organización en la que milita, y unas gafas de sol ochenteras.
Ella, junto a Elsa Rabanales, líderes comunitarias y feministas en sus países, Honduras y Guatemala, respectivamente, han sido invitadas por SUDS, entidad de cooperación con sede en Barcelona, y por Isabel Muntané, periodista y profesora del grado de Periodismo en la UAB, con el objetivo de sensibilizar y visibilizar la problemática de la salud sexual y reproductiva en ambos países.
Julissa tiene 31 años, es activista feminista por los derechos de las mujeres en Honduras y cursa el último año de Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Su discurso es directo, sin rodeos. Denuncia con datos y expone, sin prisa, la realidad que vive su país desde hace décadas, especialmente en materia de género y vulneración de los derechos humanos.
“Hoy en día tampoco contamos con educación sexual integral. Hablar de sexo en las escuelas está prohibido, porque se argumenta que enseñar educación sexual es incitar a las niñas a tener relaciones a edad temprana”.
En 2024, según datos del Ministerio Público hondureño, recogidos por el Centro de Derechos de Mujeres, se presentaron 3.350 denuncias de violencia sexual contra mujeres y niñas. De estas, el 62% corresponden a menores de edad. Ese mismo año, el Servicio Nacional de Emergencias del país contabilizó 3.233 llamadas por delitos sexuales.
“¿Qué pasa cuando una mujer denuncia? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo responde la policía?”, pregunta Julissa en voz alta ante el alumnado. “Lo primero que te preguntan es si realmente no querías, si no fue un malentendido. Porque puede que, según ellos, haya sido un malentendido por tu parte. En el país, cuando se producen violencia sexual, abortos o embarazos no deseados, la justicia tampoco existe. La justicia nunca está ahí para las mujeres”, se responde a ella misma.
De acuerdo con la Encuesta de Prevalencia del Instituto Nacional de Estadística, 24 de cada 100 mujeres en Honduras han experimentado violencia sexual al menos una vez en la vida. Pese a estos datos, el aborto es ilegal en cualquier circunstancia, incluso en casos de violación, incesto o malformaciones fetales, lo que contribuye a que el país registre uno de los índices más altos de embarazos adolescentes de América Latina. Según nos cuenta Julissa, existen casos documentados de niñas que dan a luz después de haber sido agredidas por el entorno familiar, una realidad con más prevalencia en las zonas rurales del país.
“La impunidad es máxima. Casi siempre, si el agresor es alguien conocido del pueblo, o peor, un referente religioso, la denuncia se modifica para que no conste como agresión sexual. No hay juicio ni nada. La mayoría de las denuncias ni siquiera tienen seguimiento”, apunta.
Dentro del aula, el alumnado atiende en silencio; la brutalidad de los hechos y la retórica con la que se desenvuelve Julissa no dejan margen al despiste. Y tras un rato de charla y contexto hondureño, Isabel Muntané, cede la palabra a Elsa.
Elsa Rabanales tiene 33 años y el huipil rojo que viste demuestra rápidamente sus orígenes ancestrales. Creció en Huehuetenango, al este de Guatemala y arropada por el calor de la comunidad maya. Es maestra de educación primaria y trabajadora social, ambas profesiones que combina a través de la cosmovisión maya para la organización Actoras de Cambio, que desde 2004 trabaja con mujeres feministas y disidencias de diferentes culturas –mayas, mestizas–, para reparar el horror sufrido durante muchos años en el país, sobre todo durante la guerra civil, y luchar contra la violencia sexual y el racismo.
Según expone Elsa, y que sostienen organizaciones civiles y de derechos humanos como Amnistía Internacional, el legado del conflicto interno en Guatemala, que se alargó de 1960 hasta los Acuerdos de Paz en 1996, arrebató cuerpos y despojó a muchas mujeres. En ese escenario, el abuso sexual fue una práctica premeditada y sistemática: el cuerpo de las mujeres, como en tantos otros conflictos, fue la herramienta perfecta de castigo, control y desestabilización.
Entre las comunidades más golpeadas, la población maya, junto a otros pueblos originarios, fue especialmente expuesta y devastada. De ahí que la historia y lucha de Elsa estén claramente atravesadas por la herida y la memoria. De hecho, y como me contó durante estos días que pasamos juntas por Barcelona, su madre fue una de las primeras mujeres en empuñar un arma en una guerrilla que participaba para defender el cuerpo, la tierra y su comunidad.
“Para nosotras, o para mí, aplicar una cosmovisión maya en la reparación de las violencias sexuales en Guatemala significa mucho, porque después de una violación sexual, prácticamente te desconectan de tu cuerpo. Y en palabras de las mismas compañeras, te matan en vida. No existes para vivir, para disfrutar, estás presente, pero estás ida, desconectada. Entonces, recuperar los saberes ancestrales y la cosmovisión maya nos ha permitido encontrar la conexión con el agua, con la tierra, con el fuego, como sentirnos que somos parte de la totalidad”, relata Elsa, que lo cuenta no solo como una práctica de sanación, sino como una forma de identidad y de vivir.
En Guatemala, la salud sexual y reproductiva de las mujeres y adolescentes atraviesa grandes desafíos: elevados índices de embarazo adolescente, dificultades de acceso a los servicios de salud, escasa educación sexual y poca perspectiva de género, que al mismo tiempo se agudizan por un contexto marcado por la influencia de sectores religiosos con voz y voto en el debate político y social.
El 44% de las mujeres de 20 a 24 años ya han dado a luz antes de los veinte años, y la tasa de natalidad entre adolescentes de 15 a 19 años alcanza los 114 nacimientos por cada 1.000, la más alta de toda Centroamérica. Las mujeres indígenas (54%), las que viven en zonas rurales (57%) y las que tienen un nivel socioeconómico bajo (62%) son las más afectadas. Entre las mujeres casadas de 15 a 24 años, más de la mitad (53%) no tienen las necesidades anticonceptivas cubiertas y solo una cuarta parte utiliza métodos modernos.
A pesar de la existencia de políticas nacionales como el Plan Nacional de Prevención de Embarazos (PLANEA) y otros mecanismos de ayuda a las víctimas, existen carencias crónicas en la ejecución efectiva de los programas. La impunidad judicial en casos de violencia sexual, la resistencia cultural a abordar estos temas y una baja prioridad presupuestaria prolongan un patrón de maternidad forzada que condena a generaciones enteras, especialmente a comunidades indígenas. Y lo que sucede es que la criminalización no reduce la incidencia de abortos, sino que empuja a muchas chicas y mujeres a la clandestinidad, lo que provoca el aumento de complicaciones, e incluso muertes en quirófanos a menudo improvisados.
A pesar de los datos, Elsa sonríe y, de manera genuina transmite esperanza a los y las jóvenes durante su intervención. Y lo hace desde la convicción de que los cambios no son individuales, sino colectivos y, por supuesto, feministas. “Nos hemos dado cuenta y hemos reflexionado que la justicia en Guatemala no va a cambiar hasta que no haya cambios estructurales. Desde nuestra comunidad y Actoras de Cambio recuperamos la vida a través de la sanación y el arte, con alegría, para poder seguir resistiendo. Nos juntamos en círculos cuando lo necesitamos, entre mujeres, para hablar de lo que nos pasa, llorar si hace falta y sentirnos acompañadas. Todo esto nos empuja a hacer cosas distintas, a no paralizarnos. Nos cuidamos a través de herramientas que compartimos y que nos han enseñado otras mujeres. Y creemos que, a pesar de todo, es posible vivir en alegría y salir así a las calles”.
Uno de los mayores desafíos que afrontan los feminismos en América Latina es el avance del evangelismo. La expansión de las iglesias evangélicas en las últimas décadas ha sido significativa y sostenida en toda la región. En Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina y Panamá, las cifras se sitúan aproximadamente entre el 12% y el 20%. En Costa Rica y Puerto Rico alcanzan alrededor de una quinta parte de la población. En Brasil, los datos recientes apuntan a cerca de un tercio, mientras que en países de Centroamérica como Guatemala, Honduras o Nicaragua, el peso de la población evangélica supera con frecuencia el 40%. En este contexto, las iglesias evangélicas se han consolidado como un actor social y político de primer orden, con una gran influencia en el debate público. Su presencia incide directamente en cuestiones vinculadas a la familia, la educación sexual, el género y los derechos reproductivos, que perpetúan y fortalecen el sistema patriarcal y machista.
“Me crié hasta los seis años en Copán, un pueblo rural de Honduras, y bajo el yugo de una familia, sumamente religiosa, de derecha recalcitrante y evangélica. Ahora vivo en la ciudad de Tegucigalpa porque quería decidir sobre mi vida: no tener que casarme a los veinte años, poder llevar el pelo tintado de verde, vestir pantalones cortos y salir de fiesta”, nos cuenta Julissa mientras se toma un americano en el bar de la facultad.
“Mi abuela me decía que antes nadie iba a la iglesia, y ahora todos a misa”, replica Elsa, que explica cómo esta tendencia está satanizando aún más los saberes ancestrales y las culturas originarias del país.
El evangelismo conlleva todo un dispositivo narrativo profundamente conservador: promueve modelos tradicionales de familia, estereotipos de género y limita, hasta la prohibición, los derechos en salud sexual y reproductiva, lo que obstaculiza iniciativas feministas y perpetúa desigualdades estructurales. En Guatemala, pese a la llegada de un gobierno de corte progresista encabezado por Bernardo Arévalo, la influencia de estos sectores religiosos y conservadores en las esferas pública, económica y social continúa siendo un factor determinante en el escenario político, jurídico y cultural del país. Las iglesias evangélicas tienen una fuerte capacidad de movilización e incidencia, que articulan agendas contrarias a los derechos sexuales y reproductivos. Su alianza con actores políticos y sociales ha contribuido a frenar reformas en materia de igualdad de género y, en determinados momentos, a condicionar decisiones gubernamentales. Un ejemplo de ello es la continuidad de iniciativas legislativas impulsadas por el denominado “Frente Parlamentario por la Vida y la Familia”, activo en el Congreso desde 2024 y respaldado por diputados de distintos bloques, así como por representantes de la Iglesia católica y evangélica. Este espacio promueve propuestas orientadas a la protección de la vida desde su concepción y al fortalecimiento de la familia como núcleo central de la sociedad.
Y en el caso de Honduras, el panorama es aún más complicado, sobre todo, después de la reciente toma de poder de Nasry Asfura–conocido como Papi a la orden–, y que días antes de las elecciones en noviembre recibió el apoyo público del presidente estadounidense, Donald Trump. Su llegada al poder supone un giro hacia posiciones más conservadoras en un país donde los sectores evangélicos y tradicionales ya contaban con una marcada capacidad de incidencia en el debate público y en la agenda política.
“En la actualidad, en Honduras se han registrado, entre 2020 y 2025, un total de 51.751 partos de menores de edad atendidos en hospitales públicos. El país ha atravesado recientemente un proceso electoral marcado por la llegada al poder de sectores de derechas: el mismo gobierno que asesinó a Berta Cáceres, el mismo que prohibió la píldora, el mismo que disminuyó las penas para los agresores sexuales. Se llaman a sí mismos ‘provida’, pero no hacen nada por la vida. Es importante visibilizar y señalar que vivimos bajo una cultura de la violación que hace que se cuestione siempre a la víctima y no al agresor”, matiza Julissa.
Cae la tarde y en la Universidad Autónoma de Barcelona empieza a hacer frío. Les propongo ir volviendo hacia Barcelona Y, de camino, junto a las ventanillas del ferrocarril por las que desfilan Sant Cugat del Vallès, Volpelleres, Sant Joan, Bellaterra… Elsa nos cuenta un poco más sobre Huehuetenango, de las montañas que lo rodean y de su vida allí.
“Ahora soy la única que vive en la comunidad junto a mis dos hijas, una adolescente de 13 y una nena de 6. Mis dos hermanos y hermanas se marcharon a Estados Unidos. Mi marido también, hace ya cinco años”, dice. Julissa la escucha y añade que ella también tiene una hija pequeña de cinco años, a la que cría sola junto a su compañera de piso, amiga y niñera.
Después de haberlas acompañado durante la semana, y escucharlas dentro, y también fuera del aula, les pregunto si no tienen miedo por sus hijos e hijas. “Al principio tuve mucha culpa por haber parido. Fue una decisión consciente. Pensaba: ‘pobrecita, no tenía por qué nacer aquí, en este contexto, en esta provincia’. He cargado con esa culpa hasta hace poco, hasta que me di cuenta de que no podía evitarlo. Podemos enseñarles sobre el consentimiento, podemos intentar prevenir, pero los agresores están ahí. No son locos: son hombres que pueden estar en cualquier parte”, me responde Julissa.
¿Y has pensado en salir de Honduras? le vuelvo a preguntar.
“Nunca. Si la niña cuando se haga mayor se quiere ir, no se lo prohibiría ni le haría sentir culpa. Pero yo siento que mi lucha está en Honduras, y siempre va a estar en Honduras”, concluye.
